Las protestas estudiantiles que comenzaron en septiembre por las condiciones de los liceos se extendieron el sábado 17 de octubre de 2026 por varias ciudades de Francia, al sumar reclamos contra el encarecimiento de la vida, los recortes presupuestarios y el gobierno del presidente Emmanuel Macron. La jornada terminó con enfrentamientos, saqueos, incendios y cientos de detenciones.
El movimiento surgió por problemas como la falta de maestros, el hacinamiento, el deterioro de algunos planteles y las dificultades de acceso a la educación superior. Con el paso de las semanas, familiares, sindicatos, trabajadores agrícolas y antiguos integrantes del movimiento de los chalecos amarillos se incorporaron a las movilizaciones.
Del reclamo educativo a una protesta nacional
Los estudiantes también han denunciado que el personal ausente no es sustituido y que las escuelas ubicadas en zonas pobres enfrentan mayores dificultades para obtener recursos. El gobierno de Sébastien Lecornu anunció medidas para reforzar la plantilla docente y aseguró que el presupuesto educativo aumentaría, pese al plan general de reducción del déficit público.
La movilización se amplió debido al aumento de los precios de los combustibles y a la presión sobre los hogares. Lecornu planteó una reducción temporal del precio del gasóleo, el uso de reservas de petróleo y la creación de un apoyo energético para las familias con menores ingresos a partir de enero de 2027.
Disturbios, detenciones y críticas a la respuesta policial
Aunque una parte de las concentraciones se desarrolló de forma pacífica, en distintas ciudades se registraron ataques contra edificios públicos, comercios y vehículos. Las autoridades informaron de cientos de detenidos y policías heridos, mientras que los daños materiales para los negocios afectados fueron calculados en cientos de millones de euros.
La actuación de las fuerzas de seguridad también generó cuestionamientos. Organizaciones y dirigentes políticos han denunciado un uso excesivo de la fuerza, después de que varios jóvenes resultaran lesionados durante las protestas. El gobierno suspendió temporalmente el empleo de determinadas granadas aturdidoras en las movilizaciones estudiantiles.
La crisis aumenta la presión política
Jean-Luc Mélenchon defendió el derecho a protestar y responsabilizó al Ejecutivo por la escalada de tensión, mientras que sectores de la derecha y la ultraderecha lo acusaron de alentar la movilización. Emmanuel Macron condenó los saqueos y los incendios, respaldó a las fuerzas de seguridad y prometió apoyo para los comerciantes afectados.
Marine Le Pen y la Agrupación Nacional han aprovechado el descontento para presentar al gobierno como incapaz de restablecer el orden. La crisis ocurre a unos meses de las elecciones presidenciales de 2027, por lo que la respuesta oficial a las protestas podría influir en el escenario electoral.
El primer ministro encabezará nuevas reuniones con integrantes de su gabinete para atender la crisis social. Mientras tanto, las autoridades enfrentan el desafío de responder a las demandas educativas y económicas sin que la violencia y la confrontación política sigan ampliando el conflicto.