La Organización de los Estados Americanos aprobó el 2 de octubre de 2026 una resolución sobre la situación política de Nicaragua que exige la celebración de elecciones y la liberación incondicional de las personas detenidas por motivos políticos. La decisión fue adoptada durante una reunión extraordinaria de cancilleres en Washington, tras el anuncio de Daniel Ortega de que no habrá más comicios competitivos en el país.
El documento también reclama el restablecimiento de la separación de poderes, la divulgación del paradero de las personas desaparecidas y la devolución de la nacionalidad a quienes fueron despojados de ella. Además, plantea recuperar las condiciones necesarias para garantizar derechos políticos, libertades civiles y un proceso electoral confiable.
Exigencias centrales de la resolución
- Celebrar elecciones libres, justas e inclusivas en Nicaragua.
- Liberar de manera incondicional a las personas encarceladas por razones políticas.
- Informar sobre el paradero de las personas desaparecidas.
- Restituir la nacionalidad a quienes la perdieron de forma arbitraria.
- Recuperar la separación e independencia de los poderes públicos.
La resolución fue discutida en la Trigésima Primera Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores de la OEA, convocada para analizar la situación de Nicaragua y definir acciones en el marco de la Carta de la Organización de los Estados Americanos, la Carta Democrática Interamericana y el derecho internacional.
La decisión se produjo después de que el gobierno de Ortega y Rosario Murillo impulsara reformas políticas y constitucionales que, de acuerdo con las denuncias presentadas ante el organismo regional, reducen el espacio cívico y limitan la competencia electoral.
El texto aprobado también pide restablecer las libertades de expresión, asociación, religión y reunión pacífica, así como garantizar el regreso seguro de las personas exiliadas y la independencia de las instituciones estatales.
Aunque la resolución eleva la presión diplomática sobre el gobierno nicaragüense, no establece sanciones concretas contra Daniel Ortega, Rosario Murillo o funcionarios de su administración. Su alcance inmediato está centrado en exigir medidas políticas, institucionales y de derechos humanos.